miércoles, 30 de mayo de 2012

Comunicado de Prensa

Con relación al estado que guarda la deuda pública, el Gobierno de Jalisco señala lo siguiente:

1. La deuda pública contratada ha tenido como principal fin impulsar la inversión en infraestructura. La actual administración ha invertido alrededor de 50 mil millones de pesos en este rubro desde 2007; inversión sin precedentes en Jalisco, y sólo la quinta parte se financió con empréstitos autorizados por el Congreso del Estado, es decir, 10 mil 673 millones de pesos (mdp) en la presente administración.

2. El plazo para el pago de la deuda pública, hasta por 25 años, fue autorizado por el Congreso del Estado.

3. La información puntual sobre el estado y proyecciones de pago de la deuda de Jalisco es pública, y puede ser consultada por cualquier persona en el Presupuesto de Egresos que el Congreso del Estado aprueba cada año (http://periodicooficial.jalisco.gob.mx/presupuestos.html).

4. El Gobierno del Estado, basado en las atribuciones que le otorga la Ley, realizó reestructuraciones de la deuda para mejorar las condiciones financieras de la Entidad. Para el caso que ahora se señala, es necesario precisar que se mejoraron las condiciones del crédito: se bajó la tasa de TIIE +1.68 a TIIE +1.50; el aforo de participaciones de 8.6% a 5.63%, y el fondo de reserva de 81 millones de pesos a 41 millones de pesos.

5. De acuerdo con el artículo 12 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Jalisco y sus municipios, y los artículos 22 y 31 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, la celebración y conversión de contratos de financiamiento son competencia del titular del Ejecutivo, ya que corresponden al ámbito de la administración financiera. Para el caso de reestructuras y/o modificaciones a los financiamientos ya aprobados por el Congreso no se requiere de una nueva autorización, siempre y cuando se conserven intactos el monto, plazo y destino de los mismos. En las reestructuras que se han realizado, se conservan los plazos y destinos originalmente contratados, obteniendo mejoras sustanciales en las condiciones crediticias, y no se han incrementado los montos originales autorizados de la deuda. Los beneficios de las reestructuras se obtienen tanto para la actual como para futuras administraciones, puesto que mejora sustancialmente la situación de las finanzas del estado.

6. A partir del año de 1995, se recibió una deuda cuyo servicio representaba 16.9% del total del presupuesto de ese año. En ese entonces iniciaron los esfuerzos por reestructurar los financiamientos asumidos por los gobiernos anteriores.

7. De los 11 mil 892 millones de pesos que se han pagado por concepto de capital e intereses desde 1995 a la fecha, más de la mitad, es decir, 5 mil 953 millones corresponden al servicio de la deuda contratada antes de ese año.

8. Entre los créditos que fueron asumidos y reestructurados provenientes de administraciones anteriores, vale la pena resaltar proyectos de semaforización, Línea 2 del Tren Ligero, entre otros.

9. Gracias a la administración responsable y un manejo adecuado de las finanzas públicas en beneficio de los jaliscienses, al día de hoy el servicio de la deuda sólo representa 2.4% del presupuesto anual del Gobierno del Estado; proporción que, manteniendo el mismo nivel de endeudamiento, disminuirá en los próximos años. Esto contrasta favorablemente con la mayoría de las entidades federativas del país y desmiente la afirmación de que la presente administración compromete en demasía o presiona a futuras administraciones.

10. La contratación de la deuda pública directa del Estado se ha realizado con plena transparencia y en apego a las autorizaciones legislativas emitidas y al marco jurídico local; el saldo actual, tasa, fecha de vencimiento, destino y decreto de autorización de todos los créditos del Estado se encuentran actualizados y disponibles para consulta pública en: www.jalisco.gob.mx.

11. Por vocación de transparencia y en cumplimiento de la Ley, se informó al Congreso del Estado de los movimientos de reestructura y modificación de financiamientos hechos por el Ejecutivo para evitar casos como los ocurridos en otros Gobiernos estatales como los de Coahuila, Michoacán, Veracruz, entre otros.

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