Para dar respuesta a un reclamo social y una exigencia de justicia, el Gobierno del Estado de Jalisco presentó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación una solicitud de investigación respecto de los homicidios cometidos el 24 de mayo de 1993, en el aeropuerto internacional “Miguel Hidalgo” de esta ciudad.
El titular del Poder Ejecutivo considera que con motivo de las investigaciones realizadas hasta ahora existen graves violaciones a las garantías constitucionales consagradas en los artículos 6, 14, 16, 17, 19, 20 apartado C y 21.
El 24 de mayo de 1993, en la terminal aérea perdieron la vida el Señor Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo; Pedro Pérez Hernández,; Martín Alejandro Aceves Rivas; Francisca Rodríguez Cabrera; Juan Manuel Vega Rodríguez, José Ramón Flores Flores y José Rosario Beltrán Medina.
Durante los más de 16 años, y como consta en los expedientes oficiales, la Procuraduría General de la República ha propuesto diversas hipótesis sobre los homicidios:
La primera hipótesis: Fuego Cruzado.
El Procurador General de la República, Doctor Jorge Carpizo Mcgregor, se presentó a los medios de comunicación y dio una explicación cuidadosa y pormenorizada de lo que había sucedido en el aeropuerto. Manifestó que dos bandas antagónicas de narcotraficantes, una comandada por los hermanos Arellano Félix y otra comandada por el Joaquín "El Chapo" Guzmán, se habían enfrentado en el aeropuerto y a consecuencia del fuego cruzado, habían perdido la vida diversas personas. Manifestó que una prueba importante para llegar a esa conclusión había sido la declaración de Jesús Alberto Bayardo Robles, apodado “el Gori”, sujeto que había sido detenido y había declarado bajo los influjos de estupefacientes, lo que “facilitó su espontánea confesión”.
La segunda hipótesis: Confusión del Cardenal con el “Chapo Guzmán” o con su escolta.
Se incluyó el análisis del Doctor Mario Rivas Souza en el documento publicado en el mes de julio de 1993, el Procurador General de la República, en conjunto con la Procuraduría de Jalisco, en el que incluía un nuevo motivo del homicidio. En ese documento se dijo que el Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo y el Señor Martín Alejandro Aceves Rivas, fueron confundidos con el narcotraficante Joaquín Guzmán Loera o con su escolta, toda vez que llegaron al aeropuerto al mismo tiempo que el Chapo Guzmán y que los gatilleros de los hermanos Arellano Félix, tenían información de que el Chapo Guzmán tenía un vehículo de iguales características al que tripulaba en ese momento el Cardenal Posadas Ocampo.
La tercera hipótesis:
Se hace consistir en que si bien es cierto que Ramón Arellano Félix y su grupo de gatilleros llegaron al aeropuerto de Guadalajara con el objeto de regresar a la ciudad de Tijuana, habían contratado los servicios de otros gatilleros para resguardar su salida y que fue éste grupo que dirigía Humberto Rodríguez Bañuelos (a) “La Rana”, el que realizó el ataque al Chapo Guzmán y privó de la vida a las personas en un ambiente caótico y por la inercia de la confrontación.
La cuarta hipótesis:
Que la muerte del Cardenal Posadas Ocampo haya sido producto de una confusión generalizada en el escenario del crimen debido a la ubicación circunstancial del vehículo del Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, donde ocurrió en enfrentamiento entre dos bandas de narcotraficantes.
Con estas hipótesis no se satisface la garantía de conocer la verdad y el derecho de los mexicanos a la información; después de más de 16 años de ocurridos los hechos existe una clara denegación de justicia.
En su solicitud, presentada el 26 de marzo pasado, el Gobernador Emilio González Márquez considera que es indispensable que el Ministerio Público investigue los hechos y ejercite la acción penal en contra de los responsables, porque es una garantía que consagra artículo 17 de nuestra Constitución para proteger los derechos humanos de las víctimas y de los ofendidos de cualquier delito.
Debe hacerse valer la seguridad de los gobernados de que sus autoridades garantizan en su favor los derechos humanos y las garantías individuales consagrados en la Carta Magna, con estricto apego al Marco Jurídico.
En el estado moderno que vivimos, la impunidad resulta al lesionar no sólo a la parte afectada sino que es un mal que corroe a las instituciones y empuja a los pueblos a la barbarie. Los jaliscienses y mexicanos, considera el Gobernador, queremos y debemos erradicar la impunidad que es la protección de los peores crímenes y que anima a las personas y a los grupos humanos a realizar acciones cada vez más agresivas que ponen en riesgo a toda la comunidad.
Los jaliscienses y los mexicanos tenemos derecho a conocer la verdad. En la actualidad hemos conocido por las investigaciones de historiadores, cómo los diversos magnicidios en nuestra patria han quedado impunes. Hoy ante este magnicidio la sociedad civil y diversas autoridades y legisladores exigimos conocer la verdad de los hechos y en su caso que se castigue a los responsables. Un signo de salud que tiene México, es la posibilidad que tienen los gobernados y las propias autoridades de tener acceso a la información, para animar a tomar mejores determinaciones.
El delito de homicidio es considerado grave y es el propio estado quien se arroga la acción de perseguir y castigar el delito, porque con ello está garantizando a todos los gobernados, acciones que mantengan la seguridad pública, el respeto a las garantías individuales y el cuidado de los derechos humanos. Nuestra Constitución Política confiere las facultades y atribuciones de investigación y persecución de los delitos al Ministerio Público. Esta autoridad debe actuar con estricto apego a la ley. Si el Ministerio Público se corrompe, los gobernados no podemos quedar a merced de esta traición, no podemos permitir que se dañe a las personas o comunidades de nuestro pueblo, por ello, es urgente la intervención de nuestro máximo Tribunal para preservar el ejercicio de una justicia pronta y expedita, imparcial y comprometida con la sociedad para preservar el estado de derecho y el bien común.
El asunto trasciende en el tiempo y en el espacio, porque durante los 16 años transcurridos desde que fueron asesinados el Cardenal y seis personas más, existe un reclamo social y una exigencia de que se haga justicia, por parte líderes sociales, por parte del pueblo de Jalisco, por parte de legisladores de diversos partidos y en diferentes ocasiones y del propio Gobierno de Jalisco, de lo cual hay constancias suficientes.
Hasta el momento no hay ninguna persona sentenciada condenada por los homicidios del Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo y seis personas más en resolución en firme.
Por otra parte, también existen constancias de que el Señor Cardenal Posadas era una persona que siempre se comprometió con la verdad y señaló los errores, las corruptelas y otras acciones que causan daño a las personas y a su pueblo, que tenía una gran autoridad moral y un ejercicio auténtico de liderazgo comprometido con la sociedad en la denuncia de injusticias y arbitrariedades.
Por lo anterior, es de gran importancia el análisis, el estudio y la investigación de aquéllas personas que se encuentran involucradas y que tenían la capacidad y el poder de desplegar las conductas necesarias para privar de la vida al Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo en la forma en que lo hicieron, primero con amenazas, luego, con el homicidio público y notorio, para que no quedara duda del poder de los homicidas, casi diríamos como una “acción ejemplar” para que nadie actúe en contra de sus intereses
El Gobernador presentó la solicitud de investigación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la esperanza de que los Señores Ministros decidan averiguar si existen, con los hechos referidos, daño a los derechos humanos y una grave violación de las garantías individuales.
La Secretaría de Finanzas informa a los ciudadanos en general que a partir de este lunes 12 de abril comenzó a requerir el pago de los impuestos por omisión de Tenencia a los propietarios de automotores modelos 2001 a 2010 que no cumplieron en tiempo, ya que el plazo para hacerlo venció el pasado 31 de marzo.
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