Las críticas acompañadas de propuestas propositivas que sumen al tema de equidad de género son bienvenidas, las descalificaciones dejan ver muy pobre el debate que se queda en la denostación del trabajo que se realiza en Jalisco para fortalecer los derechos de las mujeres, así lo aseguro Carmen Lucía Pérez Camarena, presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM).En rueda de prensa dio a conocer, este jueves que está trabajando con la presidenta de la Comisión de Equidad de Género, Margarita Licea González en fortalecer y enriquecer la iniciativa propuesta por el IJM.
“Lamentamos que existan actores sociales, que por intereses políticos difundan una interpretación equivocada que genera confusión en la propuesta, para obtener un beneficio personal y de grupo, desinformando a la sociedad y generando polémicas estériles por que de origen no es verdad lo que asegura y lo que están provocando es que los trabajos a favor de las mujeres se estén estancando”, enfatizó Pérez Camarena.
Exhortó a que en las comisiones respectivas del Congreso del Estado se hagan los análisis conducentes para que sea enriquecida la propuesta. Dio a conocer que se ha dialogado en varias ocasiones con la Presidenta de la Comisión de Equidad de Género en el Congreso del Estado, para fortalecer estas iniciativas.
La funcionaria, aclaró que las iniciativas son el resultado del trabajo diario de atención a mujeres que se encuentran en estado de vulnerabilidad y/o violencia intrafamiliar, así como de las propuestas que se han realizado a través de diversos foros, talleres, seminarios y debates públicos, las cuales cuentan con el aval de Consejeras Ciudadanas del IJM quienes enriquecieron dicha iniciativa.
“Quiero dejar en claro, que la creación del delito de esterilidad provocada proviene de las conclusiones llevadas a cabo en el Congreso Legislativo a favor de las Mujeres llevado a cabo en el año 2008 y organizado por la Cámara de Diputados Federal, el Senado de la República, el Instituto Nacional de las Mujeres, INEGI, UNIFEM, entre otros. Bajo ningún concepto, se pretende sancionar a la mujer que se practique un procedimiento de esterilidad ni que requiera autorización del esposo para ello, el delito está enfocado a sancionar a los profesionales o practicantes de procedimientos quirúrgicos que realicen este tipo de intervenciones sin el consentimiento expreso de las personas afectadas”.
En cuanto a los delitos de abandono de familiares y estado de insolvencia provocada para evitar el pago de obligaciones alimentarias, Pérez Camarena explicó que deben seguir siendo acciones delictivas, por lo que se defiende el criterio establecido el año pasado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en donde en estos casos la prioridad debe recaer en la recuperación de las pensiones para la protección y desarrollo de los menores de edad. Actualmente no existe una política pública para rehabilitar la actitud de los deudores alimentarios por lo que proponemos sea a través del trabajo comunitario y evidentemente la reparación del daño económico causado.
Sobre la propuesta de reforma al artículo 273 del Código Civil se decide incluir que la decisión sobre el número y espaciamiento de los hijos se realice de manera informada, esto para ir a la par de lo que ya establece el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
“Es necesario precisar que estamos hablando de un derecho, para decidir sobre el número y espaciamiento de los hijos. Esta propuesta responde a que por muchos años en nuestro sistema sociocultural la mujer, en muchos casos, carecía de decisión sobre el número de hijos en la familia, por lo que otorgándole el derecho a participar en la decisión hacemos visible esta problemática y fomentamos un nuevo esquema en la toma de decisiones de manera conjunta; es erróneo afirmar que a través de esta propuesta se obliga a la mujer al sometimiento del consentimiento del esposo para decidir el número y espaciamiento de sus hijos”, puntualizó.
La iniciativa no se limita en estos puntos, va más allá, busca favorecer a las mujeres, a continuación otras propuestas que se contemplan en la misma:
• Establecer como causal de divorcio el incumplimiento injustificado de las determinaciones de las autoridades administrativas o judiciales que hayan causado ejecutoria, tendientes a corregir los actos de violencia intrafamiliar.
• Dentro del apartado de alimentos y con relación a las personas con algún tipo de discapacidad o declarados en estado de interdicción, establecer su protección para lograr, en lo posible, rehabilitación y su desarrollo.
• Ampliar y precisar para efectos civiles la definición de violencia intrafamiliar y establecer que los integrantes de la familia que incurran en violencia intrafamiliar, deberán reparar los daños y perjuicios que se ocasionen con dicha conducta, con autonomía de otro tipo de sanciones que éste y otros ordenamientos legales establezcan.
• En materia penal se propone aumentar la sanción del delito de atentados al pudor y señalar que se persiga de oficio.
• Proponemos derogar del Código Penal del Estado la disminución de la sanción en los casos de lesiones y homicidio del cónyuge por infidelidad.
• Se propone también aumentar la vigencia de las órdenes de protección de emergencia de las actuales 72 horas hasta tres meses, confirmando que deberán expedirse dentro de las 12 horas siguientes al conocimiento de los hechos que las generan.
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